El Desaliento: Sobre los pibes que nos faltan. El caso Josele Altamirano.

Por Rodolfo Rodríguez

 

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El hombre que tenía enfrente, tirado en el piso y mirándolo a los ojos, imponía ya su estatura de mito en la miserable habitación. Así lo sintió el pobre infeliz, quien no pudo o no quiso o no encontró dentro de sí la decisión de enfrentarlo cara a cara. Mareado por el miedo, cerró los ojos y disparó a la bartola, hiriéndolo en las piernas. Mucha, mucha sangre –dirá después el sargento Mario Terán- y mucho dolor en el rostro del rebelde. Ya autómata, apretó el gatillo en una segunda ráfaga. Esta vez, un hombro y el corazón. Y Ernesto Guevara dejó de respirar pero, sobre todo -por fin-, dejó de mirarlo a los ojos.

Caído en combate, dicen aún hoy los periódicos, incluso algunos de izquierda.

Mentira.

Al Che lo habían herido y tomado prisionero un día antes. Luego, desarmado y maniatado, lo ejecutaron sin juicio previo, sin derecho a defensa.

CORRÉ, PIBE

Sin derecho a la defensa, durante la última dictadura las tres fuerzas armadas que gobernaban Argentina ejecutaron, en las salas de torturas o en falsos enfrentamientos, a treinta mil personas más.

Entre otros miles y ya en el estado democrático,

en 1991, la policía Federal asesinó a Walter Bulacio.

La de Rosario, en 2001, al Pocho Lepratti.

La maldita Bonaerense, a Luciano Arruga en 2009.

En 2013, Gabriel Tercero cayó fusilado en Salta por la Gendarmería Nacional.

Los mataron -los mató el Estado- sin derecho a defensa.

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Sin derecho a la defensa, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Metropolitana, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal acosan, desde hace años, a las pibas y a los pibes de las villas miseria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los secuestran por pinta y los torturan hasta el borde de la locura en esos centros clandestinos de detención de territorio: las garitas levantadas en los accesos de esos barrios. La CORREPI[1] –que algo de esto sabe- registró que, en lo que va de 2016, se sextuplicaron los casos de gatillo fácil y cada día hay una persona muerta o torturada. Sólo en los ocho días transcurridos entre el 16 y el 24 de septiembre, el Estado asesinó a siete personas en diferentes jurisdicciones del país.

El Colectivo Contra el Gatillo Fácil”[2] recordaba, respecto del asesinato de dos chicos en La Plata en 2014: “Este no es un caso aislado, porque ya son más de 4.700 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 a la fecha, en sus distintas modalidades de “gatillo fácil”, torturas y asesinatos en sede policial o penitenciaría. Como Mauricio e Ismael, la mayoría son jóvenes pobres de entre 15 y 25 años. Y eso no es una casualidad, sino una política de Estado.”[3]

POLÍTICA DE ESTADO

“Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”

El Che, en una carta a sus hijos fechada en marzo 1965.

Nos ponemos una remera con su rostro impreso y sus cabellos al viento. Se nos infla el pecho cuando, en Venezuela, en Cuba o en otros lugares se nos trata amabilísimamente sólo por ser argentinos como él. Cantamos con pasión que abrazamos, como pueblo, a las Madres de la Plaza. Celebramos que los milicos sean juzgados y celebramos la recuperación de cada nieto. Cada tanto, votamos.

Y los gobiernos legitimados por el voto pasan

uno tras otro, cada uno

con su color

con sus consignas

y sus planes económicos.

Pero siempre, todos, con las mismas policías y las mismas redes de complicidad entre la clase política y los traficantes de drogas, armas y personas.

Y siempre los pobres, en especial los jóvenes, siguen siendo encarcelados y muertos por las fuerzas punitivas del Estado, sin derecho a defenderse ni a nada.

SI EL SABER NO ES UN DERECHO

“Se fueron los militares, quedaron los policías.

¿Les compramos las botas, les compramos la ropa y el arma

para que lastimen y torturen a nuestros hijos?”,

Alejandrino Sáez

 

Alejandrino Sáez y Analía Altamirano tienen nueve hijos. Juan José Andrés -Josele-, de 23 años, es el mayor. Le siguen seis varones más y dos niñas, la más chica de cinco. La familia ocupa una casa en el Barrio Seminario de la ciudad de Corrientes. Muy cerca del Paraná. Como la mayoría de sus vecinos, viven de la pesca. El río les da de comer. Desde las humildes casas se ve el río y, en el río, a un paso apenas de la costa, una islita. Los habitantes del río transitan su realidad con la mirada y los silencios, conviven sin molestarse uno al otro y cada cual hace su trabajo sin palabras de más.

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Pero, entrados en confianza, saben decir los pescadores que ellos reconocen, aun en la noche cerrada, qué viene haciendo o trayendo una canoa según la postura del cuerpo de quien esté al timón. Sombra apenas más espesa que la sombra de la noche, la silueta del canoero constituye para ellos la cifra del pescador, del contrabandista, del traficante o del agente de la Prefectura.

Esa baquía es certera en el río que les da de comer y de vivir pero, a veces, falla en tierra firme. Cuando los pescadores vuelven a la orilla, suelen recibir la visita de clientes que vienen por pescado fresco. Algunos a pie, otros en bici o en moto y muy pocos en auto. Entre estos últimos, se puede colar algún móvil de la policía de Corrientes, identificable o no. Como sea, los pescadores los reconocen y lo asumen: en ese auto vienen policías a manguear una astilla del fruto de su trabajo.

A las once de la mañana del sábado 1º de agosto de 2015, a Juan José Andrés Altamirano, le falló el instinto. O quizás la naturalización del pago de un peaje para poder trabajar tranquilo no le permitió ver la espesa sombra que venía mariscando en los ojos de los policías. Por eso, cuando lo interpelaron, sólo atinó a decirles que no tenía pesca para darles ese día, sólo reparaba una red de su patrón.

-El jefe quiere hablar con vos -escuchó.

Últimas palabras por el momento: pistola amartillada en la cabeza y esposas en las muñecas. Luego, siguió un despliegue de torturas sobre su cuerpo, aplicado por personal de la policía correntina hasta lograr que, con la mirada extraviada por los golpes, el miedo y la angustia, engrillado a una silla de la comisaría 4ª, se hiciera cargo de la muerte de Maximiliano Aquino, ocurrida a la salida de una peña estudiantil en el Club Regatas de Corrientes. El asesinato había ocurrido cinco horas antes de su apresamiento, mientras él mismo -José- dormía en su casa del barrio Seminario, a dos kilómetros del lugar.

Esta declaración obtenida bajo tortura fue filmada en un celular policial y luego -quién sabe cómo- viralizada en las redes virtuales. Según la policía, hubo alguien -jamás identificado- que señaló a José como autor del crimen. Y así llegaron a él.

Rápidamente, la mayoría de los canales de televisión, radios y periódicos locales loaron “el veloz accionar de la brigada de investigaciones”. Inundaron a la sociedad correntina de coberturas especiales y comentarios de expertos en temas generales con una campaña que, retroalimentada con los reclamos históricos de la población pidiendo seguridad, enarbolaba la necesidad de condenar rápidamente al asesino.

Video de la “Confesión”

SEGURO SERÁ UN IZQUIERDO

“Ellos saben, nosotros sabemos, todos saben.”

Alejandrino Saez

Sin embargo, quien se hubiese tomado el trabajo de recorrer el barrio Seminario y hablar con quienes se dispusieran a hacerlo, hubiera podido tomar nota de algunas cosas.

En el barrio es un secreto a voces quién mató a Maximiliano Aquino: dos pibes en una moto. Uno de ellos, el que la manejaba, es hijo de un contrabandista narco y sobrino de uno de los guardaespaldas de un senador nacional por la provincia. El otro, el matador de Maxi, no tiene el mismo nivel de vínculo político, pero su papá es narco distribuidor: mientras pague puntualmente la coima, su negocio continuará floreciente y su hijo impune. Ambas familias tienen excelentes relaciones con el poder punitivo del Estado: policías, jueces y fiscales.

El río pasa y lame los bordes del barrio, otea discretamente los días de los hombres y mujeres que toman algo de sus dones para sobrevivir. Frente a las aguas amigas y mate en mano, dicen lo que no se animan a testimoniar en los estrados judiciales.

Hay quien arriesga: aquella noche, dentro del club Regatas, Maximiliano Aquino no respetó algún código del hampa en territorio del padre del matador y eso le costó la vida. Algún otro vecino sugiere deudas de consumo pendientes y otros, hasta asuntos de polleras. En cambio, en algo todos coinciden: Juan José Altamirano es un pibe medio bardero, quizás alguna vez arrebató una cartera y, cada tanto, se fuma sus porritos. Trabaja como mallonero[4] a la par de su familia y carece de la mínima habilidad para manejar un arma blanca.

Varios chicos y chicas del barrio vieron qué pasó esa madrugada en el centro de Corrientes: Josele no estaba allí, de eso están seguros. Sin embargo, sólo las sombras y los aromas del Paraná harán eco de sus palabras. El río inspira respeto pero no miedo. Frente a él, se puede hablar. El miedo, en el barrio Seminario, es patrimonio del Estado y de sus socios narcos.

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¿Y DE LA POLICÍA QUIÉN ME CUIDA?

En el camino, hubo filmaciones de cámaras de seguridad que mostraban la cara de los asesinos. Desaparecieron en el Tribunal, sin que nadie investigara qué había pasado con eso. Hubo dos chicos más detenidos, el último de ellos ilegalmente. Ambos recuperaron su libertad después de haber sufrido el tratamiento policial reservado para quienes “vieron algo”: Oscar y Ariel. Los aprietes de la policía y el ninguneo de los jueces hacia la familia de José Altamirano fueron constantes.

Josele declaró su inocencia ante el Juzgado de Instrucción denunciando las torturas sufridas en la comisaría 4° de Corrientes. La respuesta de la jueza consistió en ordenar que aún así continuara detenido en esa misma dependencia y su abogado defensor renunció, quizás por miedo a sostener la denuncia de torturas contra la policía.

Ni la fiscalía ni el juzgado de instrucción ni el tribunal oral quisieron dar curso dentro del expediente a los datos que la familia de Josele aportó para identificar a los culpables.

Sucede que, además de la conexión narco-judicial-policíaca, en el contexto político de plena campaña y a semanas de las elecciones 2015, el asesinato de Maxi Aquino representaba para el gobierno de Corrientes un problema serio de imagen. Al mismo tiempo, resolver el caso rápidamente le sumaría puntos. “Resolver” el caso significó engarronar a quien reunía todas las condiciones para ello: pobre y joven. Vulnerable.

Como a los padres de tantos chicos y chicas víctimas de la prepotencia uniformada en todas las ciudades argentinas, a Alejandrino y Analía, el Estado les rompió la vida con la prisión de su hijo. Un Tribunal Oral condenó a Juan José Altamirano a veintidós años de cárcel por el homicidio de Maxi Aquino. Salieron a protestar contra la injusticia y lograron alguna repercusión en los medios alternativos de Corrientes. El Poder Judicial no les hizo caso, pero el Ejecutivo sí tomó cartas en el asunto: Su segundo hijo Johnny (21), fue detenido ilegalmente por la policía correntina. Se pudo lograr su liberación gracias a que sus padres visibilizaron el secuestro, con la ayuda de organismos de DDHH y medios radiales de la ciudad. Johnny y el hermano que le sigue, Brian (20), siguen hasta hoy permanentemente hostigados por la misma policía que debería velar por sus vidas y sus bienes.

Texto completo del Fallo judicial

NO DANZAR SOLAS

“Pero esta fatiga del corazón está en el origen de un increíble coraje”.

Jean Paul Sartre, prólogo a “Los condenados de la tierra”.

Desde hace tiempo, Alejandrino organizaba con sus vecinos una asociación de pescadores para intentar frenar el avance del gobierno que se niega a continuar con las habilitaciones de pesca y amenaza dejar en la miseria a cientos de familias. En eso estaba, cuando la policía entró a su casa sin orden judicial a revolver la habitación de sus hijos mayores en busca de Josele.

Nunca pudo juntar los veinticinco mil pesos que la policía correntina le pedía para “arreglar la causa” y soltar a su hijo. No pudo ni aun cuando vendió su única posesión, su canoa, su herramienta de trabajo. Al recurrir a un abogado conocido para consultarlo al respecto, este le dijo “Mirá, en Corrientes hay dos clases de policías: el que te cagó una vez con tu hijo y el que te va a cagar con tu hijo otra vez”.

Alejandrino piensa que así como es posible organizarse entre pescadores, también se podría -si se abriera el juego- salir adelante y vencer a la injusticia.

En estos días recorre junto a su mujer las calles de Buenos Aires en busca de apoyo y solidaridad. Así consiguieron conectarse con diferentes organizaciones territoriales, estudiantiles y de Derechos Humanos como La Mella, el Cels y la Garganta Poderosa entre otros. Desde hace meses, tres jóvenes abogadas integrantes del Movimiento de Profesionales por los Pueblos y del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales los acompañan en darle visibilidad a su drama, a la vez que colaboran técnicamente con el abogado defensor de su hijo, Josele, en la apelación del fallo que lo condenó. Las tres profesionales coinciden en que se trata de una causa plagada de irregularidades en la que, a partir de la difusión del video de la “confesión” de Josele, el sentido del proceso judicial pasó a ser directamente cómo probar su culpabilidad en lugar de investigar todos los elementos existentes.

Para Gabriela Granada (OPPLEC) “La víctima del homicidio era un chico de clase media, estudiante universitario, lo cual generó mucha repercusión y un reclamo de seguridad por parte de la sociedad de Corrientes. Este tipo de causas necesitan un condenado pronto. Creo que, en cuanto al tratamiento mediático y su utilización política, fue el “caso Blumberg” de Corrientes”.

Teresita Rossetto, del MPP, sostiene que “Josele es un pibe que tuvo algunas caídas por robo, nunca fue condenado, por eso no tiene antecedentes penales aunque así lo afirmaron los medios desde el principio. Vive en un barrio muy humilde. Es presentado, entonces, como un villero. En la etapa de instrucción y también en el debate, muchísimas preguntas estaban dirigidas a establecer condiciones personales y armar un perfil de delincuente. Es la aplicación del Derecho penal de autor.”

Verónica Gostissa (MPP): “Se le dio a la causa un carácter público claramente excesivo, con un fiscal adelantando sus pruebas en los medios. Una presión social por el reclamo de mayor seguridad y política también: diputados provinciales pidiendo informes sobre el estado de la Causa periódicamente. Y los medios presentando a Altamirano como supuesto culpable desde el primer día…”

LA VIDA Y LA LIBERTAD

Algunas cosas aprendieron Analía y Alejandrino en el año que llevan de lucha:

Que no están solos, a ellos les sucede los mismo que a miles de familias en todo el territorio nacional. Ninguno baja los brazos, se organizan y dan pelea por la libertad de sus presos y la memoria de sus muertos.

Que si el miedo es patrimonio del Estado, el coraje es nuestra preciada pertenencia.

Que si el silencio es cómplice, la palabra es compañera.

Ilustración: Pito Campos "Gatillo Fácil"
Ilustración: Pito Campos “Gatillo Fácil”

EPÍLOGO

En Buenos Aires hay también un río que lame sus orillas, aunque no dialoga con los porteños. La ciudad es grande como un monstruo y en sus entrañas corren otros ríos, pero de automóviles. Con ellos sí estamos conectados por riesgo de vida y, a veces, viran en ríos de sangre.

El 25 de Enero de 2005, Fernando Carrera circulaba en su auto por la Avenida Sáenz del barrio de Pompeya. De repente, dos patotas -de civil y en autos no identificables- de la comisaría 34 de la Policía Federal comenzaron a dispararle. Confundieron su auto con el de unos ladrones que habían asaltado a alguien minutos atrás en la zona. En total le metieron ocho tiros en el cuerpo. Se desmayó. Su auto, ya descontrolado, se llevó por delante a tres personas que murieron allí. Fernando salvó de milagro la vida y fue juzgado y condenado a treinta años de prisión por robo y triple homicidio.

Luego de una lucha de once años de su familia y sus abogados, con el aporte de un director de cine[5] y organizaciones como Innocence Project Argentina, Pensamiento Penal y Amnistía Internacional Argentina, entre otros, consiguieron que el 25 de octubre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara finalmente su inocencia.

 

[1] Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

[2] Integrado por: Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Familiares y amigxs de Mauricio Andrada,Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, HIJOS La Plata en el ENA, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, Patria Grande.

[3] Boletín 20 de octubre 2016, a propósito del fusilamiento de Ismael Perusatto y Mauricio Andrada, en: http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2016_10_20_archive.htmln

[4] Pescador.

[5] Enrique Piñeyro. Dirigió el documental “El Rati Horror Show” (2010) basada en el caso Carrera.

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